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15 de Diciembre de 17 -
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, publicado en el DOUE núm. 283, de 31 de octubre de 2017
La UE adoptó el pasado mes de octubre un Reglamento por el que se crea la Fiscalía de la UE, más conocida por sus siglas en inglés EPPO: European Public Prosecutor's Office y que tendrá su base en Luxemburgo.
La EPPO tiene como principal misión luchar contra el fraude fiscal en operaciones cross-border en la UE y con el uso incorrecto/fraudulento de fondos públicos de la Unión. Las funciones del a EPPO se limitarán por tanto a las infracciones penales que perjudiquen a los intereses financieros de la UE.
"Alrededor de 637,6 millones de euros procedentes del presupuesto de la UE se vieron afectados por el fraude en 2015, según datos de la Comisión Europea, mientras que el fraude del IVA intracomunitario cuesta a los contribuyentes unos 50.000 millones de euros al año" Fuente: EU Commission.
Rumania, Bulgaria y Croacia son los países con mayor corrupción fiscal según los últimos datos revelados por el Parlamento de la UE
La EPPO Coordinará los trabajos de las autoridades locales con las iniciativas de otras agencias europeas como la Europol, Eurojust o la Oficina europea de la lucha antifraude conocida como OLAF. Hasta dia de hoy, únicamente las autoridades nacionales tenían poder para iniciar de oficio y perseguir actos criminales dentro de sus respectivas fronteras.
La EPPO podrá emprender estas acciones dentro del marco de la comisión de delitos fiscales. Los organismos de la Unión existentes (como la OLAF, Eurojust y Europol) no tienen mandato para realizar investigaciones penales. La Fiscalía Europea cubrirá esta laguna institucional. Será el único cuerpo comunitario con esta función y tendrá jurisdicción en toda la UE para hacer frente a las sospechas de conducta delictiva dentro de sus competencias.
La Fiscalía Europea hará posible un intercambio rápido de información, investigaciones policiales coordinadas y congelación rápida y confiscación de activos. Permitirá también arrestar a sospechosos entre países de la UE.
La idea de la EPPO no es nueva pues ya aparecía recogida en el Tratado de Lisboa (art. 86 del TFUE). La nueva Fiscalía Europea se creará a partir de la ya existente institución de Eurojust y está previsto que esté operativa entre 2020 y 2021.
Puesto que se van a otorgar a la Fiscalía Europea poderes para la investigación y el ejercicio de acciones penales, se establecen garantías y procesos para velar por su independencia estableciendo la obligación por parte de este organismo de rendir cuentas ante las instituciones de la Unión.
Europol con sede principal en La Haya (Países Bajos), asiste a los 28 Estados miembros de la Unión en su lucha contra la gran delincuencia internacional y el terrorismo. Colabora asimismo con numerosos estados asociados no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales.
Eurojust fue creada en 2002 con el objetivo de apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza en la Unión Europea. Cada uno de los 28 Estados miembros nombra a un representante de alto nivel para trabajar en Eurojust, con sede en la Haya. Estos representantes son fiscales, jueces o funcionarios de policía con competencias equivalentes y de reconocida experiencia.
Eurojust tramita unos 2.000 casos anualmente y celebra aproximadamente 200 reuniones de coordinación al año. En estas reuniones participan autoridades nacionales judiciales y fiscales de los Estados miembros y, en su caso, de terceros Estados. En ellas se resuelven las cuestiones relacionadas con la tramitación de los asuntos y se planifican las acciones operativas que demandan las investigaciones tales como detenciones o registros que hayan de ejecutarse de manera simultánea.
Las reuniones de coordinación se centran en casos concretos, en relación a los delitos considerados como prioritarios por el Consejo de la Unión Europea: terrorismo, narcotráfico, tráfico de seres humanos, fraude, corrupción, delito informático, blanqueo de capitales y otras actividades ilegales relacionadas con la presencia de grupos delictivos organizados en la economía.
La OLAF investiga el fraude al presupuesto de la UE, la corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas y elabora la política de lucha contra el fraude para la Comisión Europea. Entre 2010 y 2016, la OLAF llevó a término más de 1.600 investigaciones, recomendó la recuperación de más de 3.600 millones de euros para el presupuesto de la UE, emitió más de 2.000 recomendaciones para que las autoridades competentes de los Estados miembros y de la UE tomaran medidas judiciales, financieras, disciplinarias y administrativas.
La EPPO estará organizada en dos niveles. Un nivel central formado por un Fiscal General Europeo, que asumirá la responsabilidad de la oficina centralizada y un segundo nivel descentralizado compuesto por fiscales delegados europeos situados en cada uno de los Estados miembros participantes en este proyecto y que se encargarán del funcionamiento diario de las investigaciones y fiscalizaciones en base a la legislación del respectivo país.
España y otros 19 Estados miembros de la UE (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Alemania, Grecia, Italia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia) han decidido participar en el proyecto mediante lo que se conoce como “cooperación reforzada”.
Llama poderosamente la atención que determinados países con la excepción de UK por razones obvias, no participen en esta propuesta, países tales como Dinamarca, Hungría, Irlanda, Malta, Países Bajos, Polonia y Suecia.
Según las últimas noticias publicadas por la prensa holandesa, parece que finalmente el Gobierno holandés participará en el proyecto en una etapa posterior aunque todavía no ha sido concretado cuando.
Los paises objetores del EPPO argumentan que la nueva institución supone ceder competencias a un organismo que estará por encima de sus propias legislaciones nacionales creando un super estado que desafía sus competencias soberanas.
Otros argumentan que la estructura diseñada para la EPPO no sera suficiente para hacer frente a la tarea encargada lo que podría suponer un coste agravado para su mantenimiento o la propia ineficacia de la estructura diseñada. El Gobierno irlandés alega incompatibilidad de principios jurídicos en esta fusión de competencias en la EPPO, incompatibilidad con principios básicos constitucionales o con el procedimiento de admisibilidad de pruebas/evidencias durante los procesos de investigación, aunque aboga por la cooperación con la nueva institución europea.
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